De la masificación a la calidad: el desafío pendiente de la educación chilena
marzo 22, 2026
La reconversión del Paseo Bandera evidencia el riesgo de una “ciudad inteligente” entendida solo como eficiencia de tráfico: moderniza flujos, pero puede profundizar desigualdades en seguridad, accesibilidad y calidad de vida cotidiana. Más que un corredor de buses, la decisión sobre este eje céntrico pone a prueba si Santiago prioriza caminar con cuidado, inclusión y confianza en el espacio público por sobre la mera circulación vehicular.
Por Pedro Palominos Belmar
Director del Smart City Lab, Universidad de Santiago
La palabra “Smart” se ha vuelto un comodín. Se usa para hablar de sensores, datos, plataformas y control de flujos. Pero una ciudad no se vuelve inteligente por agregar tecnología: se vuelve inteligente cuando mejora la vida cotidiana de las personas. Y si esa mejora no incorpora género, inclusión y calidad de vida, el riesgo es evidente: podemos terminar modernizando la gestión urbana… mientras dejamos intactas —o incluso automatizamos— las desigualdades.
El debate reabierto por la reconversión del Paseo Bandera en Santiago es un caso perfecto para observar esa tensión. No es solo una obra vial. Es una señal de prioridades: ¿queremos un centro que se ordene para mover más rápido el transporte, o un centro que se recupere para caminar, permanecer y vivir con seguridad?
Las obras de la calle Bandera, partieron a inicios de febrero para habilitar una pista exclusiva de buses del sistema Red en un tramo de menos de 400 metros, con el objetivo declarado de mejorar conectividad norte–sur. En la discusión pública, sin embargo, se instaló otra lectura: urbanistas y arquitectos han cuestionado la medida como un “retroceso” respecto de la prioridad peatonal que representó Bandera en la última década.
En paralelo, surgieron alertas desde el patrimonio: el Club de la Unión presentó reclamos ante el Consejo de Monumentos Nacionales por posibles afectaciones a su inmueble (Monumento Histórico), mencionando riesgos por vibraciones e impactos en el entorno. Y como telón de fondo aparece un diagnóstico compartido: el centro ha sufrido deterioro y pérdida de vitalidad desde 2019, lo que hace más urgente —y más delicado— cualquier decisión que redefina el espacio público.
Pero lo más importante no es quién “gana” el debate simbólico. Lo central es cómo se evalúa esta intervención. Y ahí es donde la discusión chilena suele fallar: se decide con criterios de flujo y operación, pero se mide poco la experiencia humana de la calle.
La ciudad se vive distinto según género, edad, condición física y roles de cuidado. Para muchas mujeres —y en general para quienes cuidan— la movilidad urbana no es un viaje lineal casa–trabajo. Son trayectos encadenados: dejar niños, acompañar a un mayor, hacer trámites, combinar transporte, cargar bolsas, moverse con tiempos estrechos. En ese mundo real, “mejorar conectividad” no se reduce a ahorrar minutos en un bus: también significa bajar la incertidumbre, reducir esperas, evitar transbordos innecesarios y, sobre todo, sentirse segura en el recorrido completo.
Lo mismo ocurre con la inclusión. Para una persona con discapacidad, para adultos mayores, para alguien con coche o movilidad reducida, la calidad urbana se define en detalles concretos: veredas continuas, rampas bien resueltas, cruces legibles, ausencia de obstáculos, zonas de descanso, buena iluminación. Una calle “semipeatonal” puede funcionar bien… o convertirse en una zona ambigua donde el peatón pierde claridad, prioridad y confianza.
Por eso, si la decisión sobre Bandera se analiza solo como “corredor de buses”, falta el enfoque decisivo: la calle como espacio de vida. La inteligencia urbana no es neutral: o reduce barreras, o las refuerza.
Una ciudad inteligente se prueba con preguntas simples:
– ¿Mejoró o empeoró la seguridad peatonal en el trayecto completo, especialmente de noche?
– ¿La accesibilidad universal está garantizada en terreno, no solo en planos?
– ¿El diseño reduce conflictos entre peatones y buses, o los normaliza?
– ¿Aumenta la permanencia y el uso cotidiano del espacio, o lo transforma en “zona de paso”?
Estas preguntas importan porque calidad de vida es, en gran medida, tiempo recuperado y estrés reducido. Es poder llegar sin temor, caminar con continuidad, moverse con autonomía.
La tecnología puede ayudar: control de velocidad real, cruces inteligentes, iluminación bien diseñada, datos abiertos de operación, monitoreo de incidentes. Pero la tecnología no reemplaza el criterio. Si el marco es solo “eficiencia de circulación”, entonces el resultado puede ser moderno… pero regresivo.
El debate sobre Bandera también ha reabierto una crítica relevante: la participación ciudadana aparece como tardía o débil, y cuando eso ocurre, las obras se vuelven símbolos de imposición. En un centro que necesita reconstruir confianza, esa es una mala noticia.
Una ciudad verdaderamente inteligente no solo “informa”: explica criterios, muestra alternativas, abre datos y se deja evaluar. En intervenciones emblemáticas, lo mínimo debiera ser trazabilidad pública de decisiones, compromisos de mitigación (seguridad, accesibilidad, convivencia), y un mecanismo de seguimiento con indicadores antes y después.
Paseo Bandera es un espejo de nuestras prioridades urbanas. Podemos mejorar el transporte público —y debemos hacerlo—, pero no a costa de degradar el derecho a caminar con dignidad. La verdadera modernización no es estética ni publicitaria. Es garantizar derechos urbanos básicos: caminar sin miedo, moverse con autonomía y habitar un espacio público accesible.
Si la “ciudad inteligente” termina reducida a administrar tráfico, entonces no es inteligencia urbana: es tecnología gestionando desigualdad. Y si de verdad queremos recomponer el centro, el desafío es claro: decisiones urbanas que mejoren la vida cotidiana —seguras, inclusivas y caminables—, porque sin eso no habrá recuperación sostenible, solo una pérdida silenciosa: la confianza en el espacio público.
